La nueva normativa forma parte de una política integral que permite el desarrollo de las capacidades y talentos de las personas en situación de discapacidad, y legitima el acceso igualitarios de éstas generar ingresos y ser un aporte en la economía del país.

En la Biblioteca Pública Pierre Chili, de Puerto Williams se generó una conversación entre distintos actores sociales de la provincia acerca de la nueva Ley 20.422 de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que responde a uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet y permitirá avanzar en la inclusión en el sector del trabajo de las personas en situación de discapacidad, disminuyendo brechas e incrementando la participación en el mercado.

La ley establece una cuota de reserva laboral, además modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, para prohibir expresamente la discriminación a razón de la discapacidad. Asimismo pone término a la discriminación salarial al derogarse el artículo N° 16 de la Ley 18.600, que permitía que las personas con discapacidad mental percibieran salarios menores que el sueldo mínimo.

Cabe señalar que, según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile el 20% de las personas de 18 años y más se encuentran en situación de discapacidad, es decir, más de dos millones seiscientas mil personas. La mayoría de las cuales señala estar inactiva o desocupada y solo el 39,3% tiene empleo.

Según el abogado del Senadis, Rodrigo Henríquez, «ahora las empresas con 100 o más empleados en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas, deberán contar con al menos un 1% de personal en condición de discapacidad o que reciban una pensión de invalidez provenientes de cualquier régimen previsional», enfatizó el profesional.

Además, Henríquez señaló que esta nueva normativa «implica varios desafíos desde el punto de vista práctico, más allá de debatir si nos parece mucho o poco el número de trabajadores con discapacidad en cada empresa u organismo público, es que las instituciones deben tomar los resguardos necesarios para que esa persona pueda trabajar en óptimas condiciones», recalcó.

El abogado destacó que uno de los requisitos para las personas puedan optar a estos empleos es «que esa discapacidad o esa pensión de invalidez esté certificada a través del Registro Nacional de Discapacidad a través de una evaluación médica que realiza la  Compin y que luego remite los antecedentes al Registro Civil para, finalmente, emitir una Credencial de Discapacidad».